La economía circular en México enfrenta un punto crítico tras el retraso en la publicación de su reglamento, lo que deja a las empresas sin lineamientos claros para cumplir con la nueva ley. Aunque el marco legal ya entró en vigor en 2026, la falta de reglas secundarias frena decisiones operativas y genera incertidumbre en sectores clave.
Un marco legal sin reglas operativas
La Ley General de Economía Circular entró en vigor en enero de 2026 con el objetivo de transformar los modelos de producción y consumo. Esta normativa busca extender la vida útil de los productos y reducir residuos mediante nuevas obligaciones para las empresas.
Sin embargo, el reglamento que debía detallar su aplicación no se publicó en la fecha prevista de julio. Sin estas disposiciones, el sector privado carece de criterios concretos para adaptar procesos, reportar avances o invertir en cambios estructurales.
Empresas en espera de definiciones clave
La economía circular exige que las compañías rediseñen cadenas de valor y asuman responsabilidad sobre todo el ciclo de vida de sus productos. Este cambio implica ajustes en logística, materiales y modelos de negocio.
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Ante la ausencia de reglas claras, muchas empresas detienen proyectos o evitan compromisos de inversión. La falta de certeza regulatoria limita la planeación estratégica y abre dudas sobre costos, sanciones y tiempos de cumplimiento.
Riesgos para la transición circular
El retraso en el reglamento afecta el ritmo de adopción de la economía circular y pone en riesgo los objetivos ambientales del país. Sin una guía oficial, la implementación depende de interpretaciones parciales o esfuerzos aislados dentro de la industria.
Además, la transición hacia este modelo requiere coordinación entre autoridades y sector privado. Sin lineamientos definidos, el avance se vuelve desigual y se dificulta la creación de mercados de materiales y sistemas de gestión eficientes.
