Mariana Domínguez Rivas
Bióloga y Coordinadora de Comunicación en Nuestro Futuro A.C.
Del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas, se celebra la 4a Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú: el tratado regional, del que México es parte, sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
A diferencia de otras grandes citas multilaterales dentro de la agenda climática y ambiental, esta COP ocurre lejos del reflector mediático. Sin embargo, pocas discusiones regionales son tan relevantes para la posibilidad misma de defender el territorio.
En Latinoamérica y el Caribe las comunidades, pueblos indígenas y ejidos han sufrido el despojo de tierras y recursos para sostener demandas energéticas y minerales de otros países. Además, esta misma región es la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del medio ambiente.
Por ello, el Acuerdo de Escazú es un instrumento fundamental. Es el único tratado jurídicamente vinculante en Latinoamérica y el Caribe en materia de derechos humanos y justicia ambiental, y el primero en el mundo que incorpora disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del medio ambiente. Sin embargo, como muchos esfuerzos diplomáticos, suele ser poco valorado.
Cada vez más juristas y organizaciones como Nuestro Futuro, hemos comenzado a apropiarnos del Acuerdo a través del litigio estratégico, incorporándolo en argumentos legales y decisiones judiciales. Su presencia en tribunales es creciente, pero aún falta una aplicación sistemática que traduzca ese avance en cambios estructurales y sostenidos.
El Acuerdo de Escazú, en particular, representa algo más que un foro de negociación. Es la promesa que, por su carácter vinculante y su enfoque en derechos humanos, tiene el potencial de transformar múltiples realidades territoriales. La pregunta es si los gobiernos están dispuestos a recorrer este camino.
El éxito de esta cumbre, y del Acuerdo por sí mismo, no se medirá en declaraciones finales. Se medirá en más y mejores rutas de acceso a la información, participación real y oportuna en decisiones que hoy excluyen nuestras voces, así como en la posibilidad de encontrar justicia donde no la ha habido. Y esto, aunque no ocupe titulares, es lo que más importa.
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