Organizaciones de la sociedad civil, colectivos ambientales y grupos defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por las declaraciones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sobre el proyecto AMIGO GNL, al considerar que no reflejan su situación jurídica real. En un pronunciamiento conjunto, señalaron que no es correcto afirmar que la obra cuenta con “todos los permisos” para su instalación y operación.
Las agrupaciones recordaron que el pasado 8 de junio un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19. Esa resolución ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental relacionada con AMIGO GNL, hasta que se resuelva el fondo del litigio.
A decir de las organizaciones, la medida cautelar no implica la cancelación del proyecto, pero sí representa un avance relevante al reconocer que existen elementos suficientes para revisar si durante el procedimiento de evaluación ambiental se vulneraron los derechos de acceso a la información y participación pública. Bajo ese escenario, insistieron, resulta incorrecto sostener que el proyecto ya cuenta con los permisos ambientales necesarios.
El posicionamiento también subrayó que las declaraciones del mandatario estatal contradicen la información entregada por la propia autoridad ambiental ante el Poder Judicial. Según las organizaciones, la ASEA afirmó bajo protesta de decir verdad que la autorización de impacto ambiental del proyecto no ha sido emitida; lo que vuelve incompatible cualquier afirmación sobre una supuesta regularidad total del expediente.
Para los firmantes, esa contradicción genera incertidumbre y preocupación entre las comunidades y actores que siguen el caso. Sostuvieron que, si la autorización ambiental no ha sido otorgada, no es posible afirmar que AMIGO GNL tenga todos los permisos requeridos para operar o avanzar en su desarrollo.
Además de cuestionar el estado legal del proyecto, las organizaciones reiteraron su rechazo a AMIGO GNL por los riesgos ambientales que, afirman, representa para el Golfo de California. Advirtieron que la infraestructura terrestre y marítima asociada a la exportación de gas licuado podría aumentar el tránsito de buques metaneros, el ruido submarino, los dragados, el uso de biocidas, las emisiones contaminantes y las amenazas para especies residentes y migratorias.
En ese contexto, llamaron a las autoridades federales, estatales y municipales a respetar las resoluciones judiciales vigentes y a evitar mensajes que puedan inducir a confusión sobre el estado legal del proyecto. También pidieron que cualquier decisión futura se adopte con pleno respeto a los derechos humanos, la transparencia y el marco jurídico ambiental.
Las organizaciones afirmaron que la defensa del Golfo de California continuará mientras los juicios sigan en curso y el procedimiento de impacto ambiental no se resuelva. Firmaron el pronunciamiento Nuestro Futuro A.C., Greenpeace México, CEMDA, Conexiones Climáticas, CartoCrítica, Alianza Mexicana Contra el Fracking y otros colectivos ambientales y sociales.
