Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la comunidad Tecoltemi, la Secretaría de Economía (SE) se pronunció por no otorgar nuevamente títulos de concesión minera a la trasnacional canadiense Almaden Minerals

Tras una serie de estudios realizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la SE declaró que:

“No es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2“; por lo tanto, tampoco del municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla.

Debido a que no se ajusta a la Ley Minera y a su Reglamento. Por medio de los estudios detectaron una problemática socioambiental producto de procesos de extracción minera.

Estos podrían afectar negativamente prácticas tradicionales y culturales, que generarían un impacto a la biodiversidad del lugar; además de afectaciones de las tierras, ríos y mantos acuíferos por el traslado de partículas tóxicas, derivado de la actividad minera que se pretendía realizar.

Por ello, la Minera Canadiense Almaden Minerals y su filial mexicana Minera Gorrión ya no cuenta con concesiones en el territorio de Ixtacamaxtitlán; y ya no le serán otorgadas nuevamente; así como tampoco se realizará la consulta comunitaria respecto al tema.

Minera considera acciones legales

Por su parte, Almaden Minerals reclama que esta decisión de la SE “no solo es un mensaje sumamente negativo para la industria minera sino también para la certidumbre jurídica de la inversión en México”. Y advierte que analiza emprender acciones legales contra la postura tomada por la dependencia.

“Minera Gorrión considera que esta determinación de la Secretaría de Economía es contraria a la Ley Minera, la sentencia de la SCJN y el derecho internacional”, indicó la empresa canadiense en un comunicado.

Por otro lado, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, Atcolhua, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, informó que han documentado cómo Almaden, desde la etapa de exploración, ha afectado ya los derechos humanos de la población; además de que ha presentado información incorrecta y ocultado datos a los inversionistas y a las autoridades mexicanas.

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