El 20 de abril se presentó la reforma a la Ley Minera, según especialistas incorpora planteamientos en beneficio del medio ambiente y las comunidades indígenas. Sin embargo, hasta hoy “la industria minera” está mutilando la iniciativa, según la colectiva Cambiémosla Ya

La colectiva Cambiémosla Ya, Ley minera y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) señalaron que la iniciativa del ejecutivo tiene avances significativos y el Senado la debe aprobar para evitar que la industria minera “mutile” más el documento.

Avances que mutilarían

Las organizaciones indicaron que entre los puntos que se mantienen están el derecho a la consulta previa, libre e informada. Ya que se trata de un mecanismo necesario para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas; el cual queda garantizado antes de que se otorgue cualquier tipo de permiso o concesión sobre los territorios.

También la iniciativa retira el carácter preferente a la actividad minera, que evita que la minería pueda colocarse en automático por encima de aquellas actividades que los pueblos y comunidades que habitan y son dueños de los territorios decidan llevar a cabo en ellos. Además, prevalece la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua; o áreas en la que la actividad minera ponga en riesgo a la población.

Entre otras ideas, en la propuesta se limita el traspaso de las concesiones. Ahora queda condicionada a que el  beneficiario cumpla los mismos requisitos y obtenga los mismos permisos que el concesionario original. Adicionalmente se elimina la expropiación como derecho del concesionario; así como se dividen y diferencian los procesos de exploración y de explotación.

Recurso hídrico en riesgo

En la propuesta del Congreso, por el contrario, fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Con las que se prioriza la protección del recurso hídrico y de las comunidades que sufren la escasez del líquido cuando es sobreexplotado.

De forma adicional se modificó el momento en el que se deberá realizar la consulta previa para la obtención del consentimiento. A la par, se debilitan algunos controles regulatorios ambientales; se aumentan los años de duración de una concesión, que ahora quedan en 30 años prorrogables por 25 años adicionales.

En la propuesta del Congreso se plantea la realización de estudios de impactos socioambiental y social. Con el detalle de que se realizaría posterior al otorgamiento de la concesión, y proveniente de cualquier menos por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas sólo por el Estado.

Asimismo, la organizaciones agregaron que estos temas están presentes en la minuta aprobada por los diputados, y ahora en el Senado se tendrán que mantener y aprobar. “Es fundamental para empezar a dar pasos en el fortalecimiento de derechos y protección del ambiente y los recursos naturales”.

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