En Greentology conversamos con Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acerca de la iniciativa de reforma a la Ley Minera presentada por el gobierno federal, la cual ha provocado opiniones dispares; pero con coincidencias positivas sobre su alcance

Para el exdiputado por el IV Distrito Electoral, la propuesta de reforma tal y como fue dada a conocer originalmente representa un avance para la mayoría de los sectores. A continuación, te presentamos algunos puntos a favor de la reforma propuesta desde su perspectiva.

Mejora contribuciones fiscales

Para el experto, la lógica política y jurídica de la Ley Minera nacida en el sexenio de Salinas de Gortari en 1992, se alinea solamente a los intereses de las empresas. Y con ello deja al lado los derechos de los pueblos originarios y a un medio ambiente sano.

“Las empresas no están pagando en contribuciones fiscales lo que se paga en otros países del mundo”, señala el investigador.

Eso explica por qué las empresas canadienses, norteamericanas o asiáticas vienen a México, añadió. Por “las políticas del sistema fiscal mexicano no son muy duras o estrictas; y no se paga lo que se debería pagar por las explotaciones mineras y por las concesiones mineras”.

De acuerdo con información de la colectiva Cambiémosla Ya, especializada en temas mineros en el país, esta industria tan sólo aporta 0.97% de la recaudación total del gobierno federal.  Para la organización, la contribución de la actividad minera no corresponde con los daños que causa y los derechos que viola.

Por su parte, Cárdenas menciona que “los pueblos o municipios están abandonados. Las empresas trasnacionales o nacionales obtienen grandes beneficios económicos y no hay una retribución fiscal a favor de esos pueblos, de esos estados de la república y de la federación”.

Protege el agua

En el tema del agua, la Ley anterior plantea el derecho de las empresas concesionarías para explotar recursos hídricos al tiempo de que adquieren una concesión. Sin embargo, son dos concesiones distintas.

En la propuesta ejecutiva, las empresas mineras deben tener, por un lado, la concesión para explotar los minerales; y por cuenta separada tramitar los permisos que permiten explotar mantos freáticos o mantos hídricos. Además, no puede haber concesión minera donde no haya agua, explica el exdiputado Cárdenas.

Reduce duración de concesión

En la Ley Minera vigente la concesión es hasta por 50 años y se puede prorrogar por una ocasión, es decir, 100 años. Esto figuraba una violación a los principios de la constitución del artículo 27. Además, hoy en día cuando una empresa solicita una concesión al Estado Mexicano puede pedir créditos a la banca nacional o a la internacional para explotar la concesión misma.

Sin embargo, esto no debería de ser, asevera el investigador Cárdenas. Ya que el régimen jurídico mexicano sobre la tierra no es como en Estados Unidos (sujeto al libre mercado), en vista de que es un régimen jurídico donde la propiedad de la tierra tiene una orientación de carácter social.

“El territorio que estaba dentro de la concesión minera se podía utilizar libremente bajo las reglas del mercado y no bajo las reglas de principios de la propiedad social”, comenta.

En tanto que la duración de las concesiones disminuye en la propuesta federal. Propone una reducción a 15 años para que máximo una concesión dure 30 años con posibilidad de renovarse a 25.

Prohíbe minería en áreas protegidas

En áreas con protección ecológica no se otorgarán concesiones mineras. Ahora las afectaciones al medio ambiente serán motivo de cancelación y determinación de una concesión. En comparación, con la anterior ley se llegaron a tener 6 millones de hectáreas concesionadas, pues el gobierno no estaba protegiendo estos ecosistemas.

A la par, en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente se prevén también mecanismos de remediación y de indemnización a los pueblos, a las comunidades y al propio estado, cuando hay afectaciones al medio ambiente.

Para Cárdenas, “no es una tendencia puramente ecologista, pero hay una cara ambientalista en la propuesta de reforma”.

Consulta de pueblos originarios

Otra faz muy importante de la propuesta de reforma es la protección a las comunidades indígenas. De acuerdo con el investigador, actualmente el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios radicados en las regiones de explotación minera —establecida en el Convenio 169 de la OIT— no se ha respetado.

“Desde hace años muchas organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, pueblos originarios y sectores académicos están muy preocupados por el papel de la minería en México. Plantearon que había excesos e inconstitucionalidades en la legislación”.

De ahí que la reforma  modera los excesos en la explotación minera a cargo de las empresas; con motivo de que no se darán concesiones cuando ponen en riesgo a la comunidad. Cabe mencionar la importancia del punto de vista de Jaime Cárdenas, quien en 2020 renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), apenas cuatro meses después de haber tomado el cargo. De modo que hace constar de una perspectiva que no defiende intereses particulares.

Explotación de un mineral

La Ley de 1992 hace concesiones genéricas a diferentes minerales. Mientras que la propuesta del ejecutivo otorga la concesión para explotar un mineral específico. Para el académico, es importante discutir la reforma y considerar al sector empresarial, nacional y extranjero de la minería; pero sin descuidar a los otros sectores: ambientalistas, pueblos originarios e investigadores.

“Con la ley de minería ha habido un exceso desde el 92. Esos excesos deben ser moderados. Esa es la intención en general de la iniciativa presidencial: moderar los excesos y los abusos que se ha propiciado con la actual ley minera. Y recoger las mejores prácticas internacionales en minería”, concluye.

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