La tala ilegal en la Sierra Tarahumara de Chihuahua ha sido motivo de denuncias a partir de 2015. Sin embargo, desde hace 8 meses ésta aumentó a niveles alarmantes. Ante ello, organizaciones civiles y comunitarias exigen un plan de acción integral y urgente para frenar este problema que daña de maneras irreparables al medio ambiente

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés) unieron esfuerzos para solicitar una intervención en la Sierra Tarahumara de manera urgente.

Tienen tres peticiones. Primero, la elaboración de un plan de acción integral para frenar la tala ilegal en la región. Segundo, implementar acciones urgentes para detener este problema inmediatamente, como poner en marcha operativos permanentes, la revisión de centros de transformación de la madera y las redes de comercialización de la madera ilegal. Y tercero, que se garantice el derecho de las personas desplazadas a un retorno, digno y seguro, a sus comunidades.

El agua, el oro líquido

Las afectaciones son mayores y cada vez más peligrosas. Pues hasta ahora, tras 30 años de proteger al bosque, las comunidades indígenas observan que los ciclos del agua han cambiado y son irreversibles. Esto se debe a que la eco región de la Sierra Tarahumara tiene una importancia comercial. Ahí se genera el agua de las cuencas hidrológicas del sur de Sonora, Sinaloa y el Río Conchos, que suministran las principales zonas agrícolas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Encima perjudica a quienes se benefician del agua de las partes bajas de las cuencas del Río Grande y del Pacífico.

De forma adicional, por el cauce del Río Conchos se contribuye con más del 50% al pago del tratado de aguas firmado con Estados Unidos desde 1944. Y se alimenta con agua potable e industrial a las ciudades fronterizas del lado mexicano sobre la cuenca del Río Bravo; además de la región agrícola del Valle de Tamaulipas.

Violencia aumenta con tala ilegal

Además del daño grave al medio ambiente, la tala ilegal conlleva a fenómenos que van tomando raíces en la Sierra Tarahumara. El desplazamiento forzado interno, los asesinatos y las múltiples e irreparables violaciones a derechos humanos como la autonomía son algunos de ellos. Desde 1966 al menos 22 personas fueron asesinadas por defender el bosque y el territorio. Asimismo, grupos criminales se han gestado desde entonces y han vulnerado los derechos de la población.

De acuerdo con la Red TDT, las comunidades indígenas “se encuentran en procesos de lucha y defensa a través de la vía agraria, civil y penal para defender el bosque, la naturaleza, el agua y el territorio; que por derecho ancestral les pertenece. En contra de los intereses comerciales de personas”, quienes, aseguran, están vinculados a dichos grupos criminales.

Pueblos originarios en peligro

También los pueblos indígenas son vulnerados. En su libre determinación, respecto a la consulta libre, previa e informada a la que por ley deben tener acceso. A la par, no son respetados sus derechos a vivir en comunidad, de acuerdo con el propio pensamiento y cultura, así como el idioma. El bienestar comunitario de la niñez a curarse por medio de la medicina tradicional y alimentarse con las plantas comestibles ya no se puede, debido a que sus localidades están invadidas de violencia y se están acabando los árboles. De igual modo se han visto coartados los derechos a la vida, libertad, seguridad y a una vida libre de violencia.

Los pueblos originarios de la región han denunciado que la tala ilegal se intensificó desde 2015 y en los últimos 8 meses se ha agravado. No obstante, hasta hoy no existe un plan de acción integral que evite la tala ilegal en los bosques de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Las acciones que han realizado los gobiernos municipales, estatales y federales no son suficientes; ya que se encuentran implicados múltiples intereses económicos y políticos de los que las autoridades no tienen un control adecuado. La devastación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a las personas habitantes locales, agricultura y ciudades.

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