El pasado 9 de mayo se publicó la nueva Ley Minera. ¿Sin embargo, representa una mejora, un avance o un retroceso? Aquí te decimos un balance

La organización EDUCA y el Observatorio de Derechos Territoriales realizaron un balance de aquello que se logró con este nuevo marco jurídico. Pero también de los pendientes y desafíos en contra del extractivismo, ante su impacto negativo en el planeta.

De acuerdo con los colectivos, el estado de Oaxaca nunca fue consultado, no obtuvo ninguna información, además de que el proceso de entrega de concesiones mineras fue opaco.  Desde la creación de la Ley Minera (1992), añaden, y hasta 2020, se entregaron 294 concesiones mineras.

“La región con mayor afectación por concesiones y la operación de proyectos mineros es la región de Valles Centrales. En la cual se han documentado serias violaciones a los derechos humanos”, comentan a través de un comunicado.

Representa algunos avances

Según las organizaciones, “esta nueva Ley Minera incorpora algunas de las principales propuestas promovidas por colectivos y organizaciones en el país”. Principalmente, al eliminar el carácter preferente para el uso del territorio; prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas, así como frenar el mercado de concesiones que daban pie a la especulación financiera.

También aporta la disminución de la temporalidad de dichas concesiones, estudios de impacto social (pagados por las empresas mineras) o la consulta hacia comunidades y pueblos para obtener el consentimiento.

“Sin embargo, aunque las reformas a la Ley Minera representan un avance en la lucha contra el extractivismo, no son suficientes para generar nuevas condiciones en las que se respeten los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca”, así indican.

“El derecho a la libre determinación, al territorio y un ambiente sano, siguen siendo las principales demandas de las comunidades afectadas y concesionadas en territorios oaxaqueños, mientras el Estado mexicano continúe simulando transformaciones, las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades se incrementarán en los siguientes años”, concluyen.

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