Este 25 de noviembre, diversas organizaciones civiles, ambientales y de derechos humanos, presentaron el informe Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche (Tramos 5, 6 y 7), el cual documenta graves violaciones a derechos humanos, comunitarios y ambientales derivado de la construcción y operación del megaproyecto ferroviario.
El documento presentado en el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez es resultado de un recorrido realizado en abril pasado por organizaciones civiles y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante el recorrido recopilaron testimonios y evidencias directas sobre transformaciones en los territorios de comunidades indígenas y locales. De esta forma, el recorrido dio seguimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en 2023, donde se advirtió el carácter etnocida y ecocida del proyecto.
El informe, elaborado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Greenpeace México, entre otros, ofrece un diagnóstico actualizado que busca confirmar esas advertencias.
Militarización y clima de miedo
Las organizaciones detallaron que la presencia de las Fuerzas Armadas en estaciones, caminos, bancos de materiales, zonas arqueológicas y hasta escuelas ha generado un entorno de miedo e indefensión.
Algunos testimonios refieren abusos de poder, daños a tierras comunales, afectaciones a fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos sin mecanismos efectivos para denunciar o exigir reparación. Según el informe, esto ha consolidado una “autoridad paralela” que desplaza a las instancias civiles.
Incremento de violencias criminales e institucionales
El informe también documentó un aumento de violencias criminales e institucionales en regiones anteriormente rurales y de bajo índice delictivo. Las organizaciones apuntan que la expansión de economías ilegales y las disputas criminales, antes concentradas en zonas turísticas, ahora alcanzan municipios como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.
Daño ambiental irreversible
En materia ambiental, el informe señala una degradación severa e irreversible a más de 11 mil hectáreas de selva deforestadas, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, así como la alteración de humedales y pérdida acelerada de hábitat de especies emblemáticas.
Todo ello —advierten— sin acciones de mitigación por parte de las autoridades. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron señaladas por omisiones y falta de supervisión.
Fallos en el acceso a la justicia
Las organizaciones denunciaron que los mecanismos legales para exigir justicia han sido insuficientes. Más de 50 amparos interpuestos desde 2020 no lograron detener el avance de la obra ni reparar daños, y las medidas cautelares fueron desacatadas.
Según el informe, el proyecto avanzó violando la normatividad ambiental y acuerdos internacionales, apoyado por decretos de “seguridad nacional” que lo blindaron de revisión judicial. La reciente reforma judicial —advierten— debilita aún más la imparcialidad del sistema frente a megaproyectos estatales y militares.
Resistencia comunitaria y llamado urgente a las autoridades
Pese al contexto adverso, la Misión destacó la persistencia de un tejido social activo conformado por colectivos comunitarios, asambleas ejidales, científicos y organizaciones locales que continúan articulando acciones legales y de defensa territorial.
Las organizaciones convocantes llamaron al gobierno federal a asumir con urgencia sus responsabilidades sociales, ambientales y jurídicas por los impactos del Tren Maya —incluyendo el nuevo tramo de carga— y a garantizar la protección de la Selva Maya, del acuífero peninsular y de los derechos de las comunidades indígenas.
El informe completo se encuentra disponible para consulta pública en las plataformas de las organizaciones que integran la Misión Civil de Observación.
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