El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular, una nueva norma que busca sentar las bases para el manejo sustentable de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente en el país mediante modelos de producción y consumo más eficientes.
La legislación, emitida por la Presidencia de la República, plantea la creación de mecanismos de circularidad orientados a extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización. También establece lineamientos para coordinar responsabilidades entre la federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
Mecanismos de circularidad y responsabilidad del productor
De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objetivos principales definir mecanismos directos e indirectos de economía circular que sean ambiental, técnica y económicamente viables; establecer acuerdos para la inscripción en el Registro de Economía Circular; y posicionar la responsabilidad extendida del productor como eje central en los procesos productivos.
El marco normativo contempla la definición de metas y la aplicación de instrumentos que permitan a las empresas encadenar sus procesos productivos, alargar la vida de los materiales y disminuir la presión sobre los recursos naturales.
Un sistema nacional para coordinar la política de economía circular
Como parte de su implementación, la ley crea el Sistema Nacional de Economía Circular, integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
Estas instituciones serán responsables de elaborar el Programa Nacional de Economía Circular y de calificar y otorgar el Distintivo Nacional de Economía Circular, un reconocimiento para quienes cumplan con los criterios establecidos en la nueva legislación.
Además, se prevé que la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), promueva auditorías ambientales voluntarias conforme a lo dispuesto en esta ley y en otras normas ambientales aplicables.
Finalmente, el gobierno explica que la expedición de esta ley establece un nuevo marco regulatorio para impulsar la economía circular en México, con el objetivo de reducir impactos ambientales y fortalecer la gestión sostenible de los recursos a nivel nacional.
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