Aranzazú Zacarías Guevara, socia fundadora en Sostenibilidad Activa
Como politóloga aprendí que el poder rara vez se ejerce de manera explícita. Opera, sobre todo, en la definición de lo que es aceptable sacrificar: qué territorios, qué cuerpos y qué formas de vida pueden ponerse en riesgo en nombre del progreso. Por eso, cuando hoy hablamos de zonas de sacrificio, no estamos frente a un concepto ambiental, sino ante una categoría profundamente política.
El Proyecto Saguaro, que propone la construcción de infraestructura para transportar y exportar gas natural licuado (GNL) a través del Golfo de California, se ha convertido en uno de los casos más claros para entender esta lógica. Diversos informes técnicos, organizaciones ambientales y relatorías internacionales han advertido que su aprobación podría transformar uno de los ecosistemas marinos más ricos y biodiversos del planeta —conocido como el acuario del mundo— en una zona de sacrificio: un territorio dispuesto a absorber impactos ambientales, climáticos y sociales para sostener una industria fósil en declive.
El Golfo de California no es un espacio vacío ni marginal. Es fuente de sustento para comunidades pesqueras, reserva de biodiversidad única y patrimonio natural de valor global. Sin embargo, el proyecto plantea incrementar de manera significativa el tráfico de buques metaneros, el ruido submarino, el riesgo de colisiones con mamíferos marinos y las emisiones asociadas al gas fósil. No se trata de impactos hipotéticos, sino de riesgos ampliamente documentados para ecosistemas de alta sensibilidad.
Este proyecto no surge de manera aislada. Forma parte de una expansión más amplia de infraestructura energética vinculada a la Cuenca Pérmica en Estados Unidos, impulsada por el auge del fracking y la sobreproducción de gas. En estados como California, la construcción de nuevas terminales de GNL ha enfrentado una creciente oposición social, ambiental y regulatoria, asociada tanto a metas climáticas como a la defensa de comunidades costeras. En ese contexto, la estrategia de exportación se reconfiguró, buscando corredores alternativos hacia el sur.
México, sin embargo, no es un territorio pasivo ni carente de resistencia. En el caso del Proyecto Saguaro existen amparos en curso, oposición comunitaria organizada y señalamientos de relatorías de la ONU, lo que demuestra que el conflicto está lejos de ser marginal. El punto de fondo no es la ausencia de oposición, sino algo más estructural: los costos ambientales y sociales de sostener la expansión fósil se intentan redistribuir hacia territorios donde el daño puede volverse políticamente negociable, aun cuando la resistencia exista. Eso es, precisamente, la lógica y el peligro de una zona de sacrificio.
En este escenario, las posturas institucionales revelan tensiones profundas. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha expresado públicamente su preocupación por los posibles impactos del proyecto en el Golfo de California, subrayando que se trata de uno de los ecosistemas marinos más valiosos del mundo y que la participación ciudadana debe ser central en cualquier decisión. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum, con formación científica en física y una trayectoria política asociada al discurso ambiental, ha sostenido que no existen irregularidades administrativas en el proyecto. Esa distancia entre la advertencia ambiental y la validación política es reveladora: muestra cómo incluso gobiernos con narrativa climática progresista enfrentan límites cuando el modelo energético y económico entra en juego.
Los recientes hallazgos sobre el impacto ambiental del Tren Maya, incluida la tala de millones de árboles y la fragmentación de ecosistemas, refuerzan esta preocupación. Más allá de los proyectos específicos, emerge un patrón: grandes obras impulsadas bajo la bandera del desarrollo que terminan produciendo daños irreversibles en territorios estratégicos. Esto obliga a preguntarnos qué significa hoy hablar de zonas de sacrificio y cuántas existen sin estar oficialmente nombradas como tales.
Pienso en comunidades expuestas durante décadas a contaminación por mercurio; en territorios devastados por la extracción de bauxita; en regiones agrícolas saturadas de agroquímicos; en cuencas hídricas agotadas para sostener modelos productivos intensivos. No siempre se les llama zonas de sacrificio, pero lo son. Porque cumplen la misma función: concentrar el daño donde el poder político es menor y el capital tiene mayor margen de maniobra.
Hace poco, a propósito del reporte de la ONU sobre la bancarrota hídrica global, alguien me dijo que culpar únicamente al agro o a la industria era no ver el problema de fondo: la desigualdad estructural. Tenía razón. Las zonas de sacrificio no existen solo por decisiones técnicas mal tomadas, sino por estructuras de desigualdad que permiten que ciertos territorios y ciertas vidas valgan menos que otras.
El problema, entonces, no es solo el extractivismo, sino su normalización como política pública. Las zonas de sacrificio no son fallas del desarrollo, sino una de sus expresiones más crudas cuando se gobierna jerarquizando qué puede perderse sin que el sistema colapse. Son decisiones conscientes que priorizan la rentabilidad de corto plazo sobre la vida.
Estamos sacrificando, sí, a la naturaleza, pero también a las personas que viven en condiciones de mayor desigualdad, y eso no puede perderse de vista. Las zonas de sacrificio no son espacios vacíos: son territorios habitados, con historias, economías locales y vínculos profundos con la tierra y el mar. Por eso, la lucha que hoy encarna Ballenas o Gas no es solo ambiental. Es una lucha por la vida, por el derecho a existir sin ser considerados un daño colateral del progreso ajeno.
Nombrar TODAS las zonas de sacrificio es un acto político. Implica reconocer que no todas las vidas han sido protegidas por igual y que ciertos territorios han sido históricamente destinados a absorber los costos de un sistema que se resiste a transformarse. Mientras sigamos aceptando que hay lugares y personas sacrificables, el discurso del desarrollo seguirá siendo una coartada.
Defender el Golfo de California no es oponerse al progreso. Es preguntarnos, con honestidad, qué estamos dispuestos a sacrificar y en beneficio de quién.
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