La República Islámica de Irán atraviesa una de sus crisis internas más graves en décadas, con protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025 por causas económicas y que han evolucionado hacia demandas políticas más profundas en contra del régimen teocrático encabezado por el Líder Supremo ayatolá Ali Khamenei. Las autoridades han respondido con una represión que organizaciones internacionales califican de extremadamente violenta.
Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente por el colapso del valor del rial iraní y la inflación galopante, afectando el poder adquisitivo de la población.
Con el paso de los días, se sumaron estudiantes, comerciantes y ciudadanos de varias edades que exigen justicia social, mejoras económicas y cambios políticos estructurales, incluyendo cuestionamientos al liderazgo clerical y al rol de instituciones como el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).
Balance de víctimas: cifras divergentes
Las cifras oficiales y las de grupos de derechos humanos difieren marcadamente. Un funcionario iraní citado por Reuters afirmó que aproximadamente 2 mil personas han muerto en el contexto de las protestas, incluyendo tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes el gobierno llama “terroristas”.
Organizaciones como la Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportan que al menos 648 personas han muerto, con mil 847 manifestantes y 135 agentes de seguridad en la contabilidad más reciente.
La ONG Iran Human Rights (IHR) documenta al menos 734 muertes confirmadas y advierte que el número real podría ser mucho mayor, con miles de heridos y detenciones que superan los 10 mil, según cifras registradas. Estas discrepancias se deben en parte a que el gobierno iraní ha impuesto un apagón de internet y restricciones de comunicaciones, dificultando la verificación independiente de datos.
Represión estatal y denuncias de violencia extrema
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su consternación por la violencia utilizada contra manifestantes pacíficos y urgió al fin de los abusos, subrayando el derecho a la libertad de expresión y reunión. El titular de Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la situación de “ciclo de violencia horrenda” y advirtió sobre el riesgo de que se apliquen penas de muerte a miles de detenidos.
En hospitales en Teherán se han tratado cientos de casos con lesiones por disparos, incluyendo más de 400 con heridas en ojos y cabezas, lo que sugiere el uso de fuerza indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad.
Respuestas diplomáticas y sanciones
La violencia y el elevado número de víctimas desencaderaron una fuerte reacción internacional. La Unión Europea, encabezada por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, propuso sanciones adicionales rápidas contra funcionarios y estructuras responsables de la represión en Irán.
Por su parte, Reino Unido denunció ante el Parlamento británico la brutalidad del régimen iraní, subrayando la falta de transparencia sobre las muertes de manifestantes y la narrativa oficial que criminaliza las protestas.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump apoyó públicamente a los manifestantes, suspendido contactos diplomáticos y amenazado con imponer aranceles del 25 % contra países que comercien con Irán como medida de presión económica.
Un escenario abierto
Aunque el régimen iraní enfrenta una grave crisis de legitimidad, su complejo aparato de seguridad hace difícil esperar un desenlace inmediato o un cambio de régimen. La posibilidad de mayores sanciones económicas y aislamiento internacional podría agravar aún más la situación económica y social del país.
Mientras tanto, las protestas continúan en numerosos puntos a pesar de la represión, lo que plantea un escenario volátil tanto para la estabilidad interna de Irán como para las relaciones internacionales con potencias y regiones clave.
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