El gobierno de Suiza presentó un proyecto de ley federal que busca reforzar sustancialmente los requisitos de reporte de sostenibilidad y de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, aplicables a las grandes empresas con sede o actividad importante en este país.
Bajo el nombre de Federal Act on Sustainable Corporate Governance (Ley federal sobre gobernanza empresarial sostenible), el anteproyecto busca, en paralelo, modernizar el marco regulatorio local y alinearlo con la reciente arquitectura de la Unión Europea en materia de ESG.
Alineación con la normativa europea
La propuesta suiza sigue de cerca los umbrales y estructuras de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) de la UE, aunque con un alcance numérico más reducido.
En el terreno de los reportes, las obligaciones de sostenibilidad se aplicarían a empresas con al menos mil empleados y 450 millones de francos suizos en ingresos (aproximadamente 488 millones de euros); lo que se traduciría en unas 100 compañías, frente a las cerca de 200 que hoy ya están sujetas a distintos mecanismos de divulgación de información ambiental y social.
Bajo el nuevo marco, las firmas afectadas deberían emitir reportes de sostenibilidad en línea con los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) o con estándares equivalentes reconocidos internacionalmente. Esto implica una mayor precisión temática, homogeneidad metodológica y comparabilidad con los informes que ya preparan sus competidoras y socias europeas, lo que facilita tanto la transparencia hacia inversores como la gestión interna de riesgos y oportunidades sostenibles.
Diligencia ampliada y gradual
En cuanto a la debida diligencia, el proyecto introduce un enfoque de cadena de valor similar al de la CSDDD, aunque con un umbral más exigente: solo las empresas con al menos 5 mil empleados y mil 500 millones de francos suizos en ingresos (unos mil 600 mde) quedarían obligadas a evaluar impactos negativos en derechos humanos y en el medioambiente a lo largo de sus cadenas de suministro.
Entre los requisitos se incluye la elaboración de una estrategia y un código de conducta, la identificación y priorización de riesgos, la prevención de impactos potenciales, la remediación de daños reales, la creación de mecanismos de denuncia y la supervisión continua de la eficacia del sistema.
Un rasgo distintivo del nuevo diseño suizo es que, aunque aumenta los umbrales respecto al régimen actual, concentra las obligaciones más estrictas en un grupo más pequeño de grandes corporaciones. Frente a un entorno internacional donde se ha reducido el número de empresas obligadas (como en el llamado “Omnibus I” de la UE), el gobierno suizo opta por mantener estándares elevados para quienes quedan dentro del alcance, en lugar de ampliar masivamente la base.
Para las empresas no cubiertas por estos nuevos umbrales, persistirán ciertos requisitos existentes, como los reportes medioambientales, sociales y de anticorrupción para empresas con más de 500 trabajadores, así como las obligaciones específicas sobre clima, gases de efecto invernadero y planes de transición.
Próximos pasos y periodo de consulta
El Consejo Federal abrió una consulta pública sobre el anteproyecto cuyo plazo está previsto hasta mediados de julio de 2026, un periodo en el que empresas, asociaciones, ONG, autoridades regulatorias y otros actores pueden presentar comentarios y ajustes.
Más allá de Suiza, el proyecto se inscribe en un movimiento global de endurecimiento de la regulación de gobernanza sostenible, donde cada vez más países vinculan la rentabilidad empresarial con la obligación de prevenir daños ambientales y sociales en sus operaciones y cadenas de valor.
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