Luego de que la ciudadanía mostró rechazo al Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH), Greenpeace llamó a reconsiderar no solo la ubicación del proyecto, sino el modelo mismo de gestión de residuos que se pretende impulsar. La postura surge luego de la consulta pública realizada el 14 de diciembre, en la que comunidades de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende votaron en contra de la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el gobierno de Hidalgo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Walmart, busca transformar residuos orgánicos y reciclables en nuevas materias primas. De esta forma se evitan los rellenos sanitarios y se genera energía limpia (biogás) para autoconsumo.
Según cifras del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), en la consulta participó el 8.77% de la población inscrita en la lista nominal, lo que equivale a 12 mil 259 personas. De ese total, 63.10% se manifestó en contra del proyecto, mientras que 35.35% votó a favor y 1.54% anuló su sufragio. Los mayores niveles de oposición se registraron en Atitalaquia y Tlaxcoapan.
Críticas al proceso y a la falta de evaluación ambiental
Greenpeace señaló que el proyecto debió contar desde su origen con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable, según la organización, para realizar una consulta pública válida. En ausencia de este análisis, la consulta fue percibida por la población como un ejercicio incompleto, especialmente en una región que ya enfrenta impactos acumulados en materia ambiental y de salud.
La organización también subrayó que, durante el proceso, comunidades expresaron su preocupación por la posible implementación de tecnologías como la termovalorización, así como por el uso del concepto de “reciclaje” sin que existan garantías claras sobre sus beneficios ambientales reales. En contraste, señalaron la necesidad de priorizar una remediación integral de la zona.
Rechazo local y advertencia nacional
Aunque autoridades federales y estatales han indicado que, para respetar la voluntad ciudadana, el proyecto podría trasladarse a otro sitio, Greenpeace advirtió que el problema no se limita a la geografía. Desde su perspectiva, el PERH forma parte de una estrategia más amplia ligada a los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar y al Plan de Acción de Economía Circular del gobierno federal, enmarcado en una Ley General recientemente aprobada por el Senado.
“Quemar basura, convertir residuos en energía, co-procesar o cualquier otra forma de termovalorización, en lugar de atender el origen y frenar la generación de más residuos […], son prácticas igual de dañinas en Hidalgo que en cualquier otra entidad”, declaró Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México.
Economía circular en disputa
Greenpeace planteó que una política de economía circular efectiva debería centrarse en la prevención, el rediseño de productos y la responsabilidad de las empresas, más que en la valorización de residuos ya generados. En ese sentido, la organización insistió en la necesidad de una Responsabilidad Extendida del Productor que limite prácticas contaminantes y priorice la protección ambiental y de la salud.
A la espera de que el gobierno defina el futuro del proyecto, Greenpeace adelantó que se mantendrá vigilante ante la posible replicación de este modelo en otras entidades del país.
“Plantear una economía circular basada en la valorización de residuos ya generados y en criterios meramente económicos, pierde todo el potencial de este modelo en beneficio del business as usual de los intereses del sector privado”, concluyó Ornela Garelli.
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