Fallo judicial frena construcción de tramos 5 y 7 del Tren Maya en Yucatán
Tribunal ordena la suspensión definitiva de los tramos 5 y 7 del Tren Maya en Yucatán por incumplir principios ambientales. Exige estudios y evaluaciones antes de continuar con las obras para proteger la naturaleza y los derechos humanos
Un fallo del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida marcó un importante precedente en la lucha por la conservación ambiental. Las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto a organizaciones civiles, lograron la suspensión definitiva de los tramos 5 Norte, 5 Sur y 7 del Tren Maya, señalando que no se han cumplido los principios ambientales esenciales para garantizar un medio ambiente sano.
El Tribunal basó su decisión en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que priorizan los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura (ante la duda, favorecer a la naturaleza). Este fallo subraya que las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo no bastan para cumplir con estas garantías.
Obras suspendidas en análisis
En los tramos 5 Norte y 5 Sur, se ordenó que las obras permanezcan suspendidas hasta que se realicen estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Estos resultados deberán ser evaluados antes de continuar.
Para el tramo 7, se identificó que las condicionantes impuestas en la manifestación de impacto ambiental (MIA) no han sido solventadas. Entre ellas destacan un estudio técnico-económico, un programa de rescate de flora y fauna, y un plan de mitigación y conservación del paisaje kárstico. Ante esta falta de cumplimiento, el Tribunal determinó que las obras no pueden avanzar.
A pesar de lo anterior, las organizaciones advierten que la suspensión llega tarde. El proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, lo que genera dudas sobre la eficacia del juicio de amparo como mecanismo de protección ambiental.
“La simple existencia de autorizaciones no es suficiente para garantizar los derechos ambientales. Es imperativo que el Poder Judicial profundice en este caso y priorice la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Las comunidades de la Península de Yucatán mantienen su postura firme: “El Tren Maya atenta contra la naturaleza y nuestros derechos humanos”. De ahí que la batalla legal continúa para las violaciones a los derechos humanos y los daños ambientales no queden impunes, señalan las organizaciones.
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