Sheinbaum responde a Iberdrola ante posible salida de México: “Sí hay certeza jurídica, pero deben cumplir la ley”
Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno genere incertidumbre jurídica para la inversión privada, luego de que medios españoles reportaron que Iberdrola busca vender sus 15 plantas en México y así salir del país. Durante la conferencia matutina del 24 de julio, la presidenta aclaró que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre esa decisión.
Sheinbaum afirmó que sí existen condiciones para la inversión privada, siempre que se respeten las reglas. En ese sentido, explicó que muchas de las operaciones de Iberdrola en el país se realizaban mediante sociedades de autoabasto, figura que consideró ilegal. “Las sociedades de autoabasto son ilegales, una gran parte de la generación de Iberdrola estaba en ese esquema”, puntualizó.
La presidenta recordó que ese modelo fue promovido desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con excepciones legales que fueron utilizadas para operar al margen del sistema eléctrico nacional. Por ello, aseguró que su administración garantiza certeza jurídica, pero con apego al Estado de Derecho.
También reveló que recientemente sostuvo una reunión con la Secretaría de Energía, donde se le informó que Iberdrola aún tiene planes de inversión en México. “Vamos a saber exactamente a qué se refiere antes de dar mi opinión”, comentó.
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Sheinbaum descarta la posibilidad de que el Gobierno adquiera las plantas de Iberdrola
Sobre la posibilidad de que el gobierno adquiera las plantas —como ocurrió en 2024— Sheinbaum lo descartó por ahora. Sin embargo, no cerró la puerta a un posible esquema con Banobras, si fuera necesario.
Sheinbaum también subrayó que su gobierno ha impulsado un ambicioso plan de expansión de generación pública. Actualmente, dijo, el 54% de la generación eléctrica en el país está en manos del Estado. Por ello, la prioridad es consolidar nuevas plantas impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) antes de considerar nuevas adquisiciones.
Además, recalcó que la política energética de su administración está basada en el fortalecimiento de la soberanía nacional. “No se trata de impedir la inversión privada, sino de asegurar que todas las empresas participen bajo reglas claras, sin privilegios heredados de sexenios anteriores”, afirmó. También insistió en que los cambios en el sector buscan corregir distorsiones legales y garantizar un mercado más equitativo.
La mandataria concluyó que la inversión privada sigue siendo bienvenida, pero sin excepciones fuera de la ley. “El Estado de Derecho significa que todos se pongan en regla. No es falta de certeza, sino cumplimiento de la legalidad”, sentenció.
