Piden a G20 financiamiento justo para la naturaleza
Más de 110 organizaciones de la sociedad civil piden a los 20 países más emisores de CO2 en América Latina y el Caribe (el G20) promover un financiamiento justo para la naturaleza y en armonía con el clima, así manifiesta la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2023), el financiamiento para la adaptación disminuyó un 15% en 2021, en México se eliminó el Fondo climático en 2023; por otro lado, en la COP28, se acordó la creación de un fondo para daños causados por el cambio climático. Por ello, se convierte en una zona vulnerable a las afectaciones de los fenómenos meteorológicos.
Cabe resaltar que la presidencia actual del G20 corre por Brasil y que esto ofrece una oportunidad para articular y abogar por los intereses de la región. De ahí que las organizaciones de la sociedad civil plantean diez líneas estratégicas que podría considerar la presidencia brasileña.
Art. 2.1 del Acuerdo de París
Mejorar el entendimiento sobre el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París es muy importante. Reconocer que los países en desarrollo requerirán financiamiento de parte de los países desarrollados para lograr esta transición, y que estos últimos deben liderar el camino.
Meta de los $100 mil millones
Los miembros del G20 deben instar a los países desarrollados no solo a mostrar avances en el cumplimiento de la transferencia de los 100 mil millones de dólares anuales y reafirmar que el monto total acumulado para 2025 asciende a 600 mil millones de dólares, sino también a demostrar el compromiso de mantener este financiamiento hasta la entrada en vigor de una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento, sin aumentar la deuda de los países en desarrollo.
Incremento del financiamiento para la adaptación
Es importante que se tenga un compromiso de aumentar en al menos diez veces más el financiamiento para adaptación, para balancearlo con relación al financiamiento para mitigación.
Financiamiento urgente para pérdidas y daños
Aunque se acordó la operacionalización del Fondo para Pérdidas y Daños en la COP 28, los compromisos de financiación de los países son insuficientes frente a la magnitud de los impactos inevitables del cambio climático. Los países del G20 deben reafirmar su compromiso de capitalizar el Fondo de Pérdidas y Daños, asegurando un acceso directo a los países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.
Meta colectiva y cuantificable
El G20 debe trabajar en una meta colectiva y cuantificable de financiamiento basada en las necesidades de los países en desarrollo, incluida la necesidad de financiamiento público predecible, que no aumente la deuda de los países.
Mejoras en el acceso al financiamiento climático
El G20 debe promover un acceso eficiente a los recursos financieros y simplificar los procedimientos de aprobación de financiamiento; específicamente para comunidades indígenas y locales, así como en casos de urgencia para atender las pérdidas y los daños.
Tratamiento de la deuda
Los países del G20 deben promover el tratamiento y la reestructuración de las deudas de los países en desarrollo. Se deben establecer mecanismos de garantía para invertir los recursos en la reducción de emisiones y en el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad y las funciones ecosistémicas.
Descarbonización de finanzas públicas
Es crucial desacoplar los sistemas financieros de los combustibles fósiles, de forma justa, ordenada y equitativa.
Un nuevo pacto fiscal internacional
Los miembros del G20 deben impulsar un nuevo pacto fiscal internacional en el marco de las Naciones Unidas que genere ingresos adicionales para abordar la crisis climática, mediante impuestos a quienes más contaminan y a quienes más recursos tienen. La negociación de una Convención Tributaria de Naciones Unidas es clave, asegurando que los ingresos se destinen a la transición energética justa.
Nueva arquitectura financiera internacional
Se deben reformar y democratizar las instituciones financieras internacionales, para garantizar una representación y una redistribución de recursos más equitativa y para alinearlas con los objetivos del Acuerdo de París. Es crucial una planificación estratégica integral y la participación de las comunidades afectadas.
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