El área de Estudios Económicos de BBVA México presentó su Informe de Sostenibilidad Ambiental titulado “El nuevo cauce del agua en México: un análisis de las reformas en materia hídrica”, elaborado por Marco Lara, en el que examina los alcances y posibles implicaciones del nuevo marco legal en materia de agua publicado el 11 de diciembre de 2025.
El documento analiza el decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, cambios que —según el informe— se enmarcan en compromisos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum y en el Plan Nacional Hídrico presentado en noviembre de 2024.
Derecho humano al agua y presión sobre finanzas locales
El análisis destaca que la nueva Ley General de Aguas, integrada por 45 artículos, prioriza el consumo personal y doméstico, en concordancia con el artículo 4° constitucional que reconoce el derecho humano al agua.
Uno de los cambios centrales es la prohibición de suspender totalmente el suministro de agua potable y saneamiento por falta de pago, obligando a garantizar un mínimo para consumo humano básico. De acuerdo con el informe, aunque la medida fortalece el enfoque social del recurso, podría generar incentivos al no pago y presiones financieras para estados y municipios.
El documento señala que en 2023 se recaudó 69% del agua facturada a nivel nacional; mientras que entidades como Nuevo León alcanzaron 95%, en Baja California Sur la cifra fue de 32%, con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, el cobro por derechos de suministro representa en promedio 23% de los ingresos de gobiernos estatales y municipales, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
También advierte que la ley no distingue explícitamente por nivel socioeconómico. Con cifras del Inegi (2025), el análisis expone que 82.6% de los hogares de estrato alto reciben agua diariamente en su vivienda, frente a 50.5% en el estrato bajo, lo que podría implicar efectos regresivos si no se focalizan adecuadamente los apoyos.
Concesiones, centralización y nuevas reglas
En materia de concesiones, el informe explica que las reformas eliminan la posibilidad de vender o transmitir títulos entre particulares, centralizando la gestión en la Conagua. En casos de compraventa de predios o sucesiones, la autoridad expedirá un nuevo título, con lo que las concesiones dejan de operar como activos transferibles.
Entre 1991 y septiembre de 2025 se registran 232 mil 537 millones de metros cúbicos de agua con concesiones activas, volumen equivalente a aproximadamente 68 millones de albercas olímpicas. Del total concesionado desde 1991, 69.8% se destina a generación de energía eléctrica; 18.7% a agricultura; 5.0% a usos múltiples; 3.5% al uso público doméstico y urbano; y 2.1% a la industria.
El análisis detalla además la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, el fortalecimiento del régimen de sanciones —con multas de hasta 30 mil UMAs por delitos graves— y la sustitución del Registro Público de Derechos de Agua por el Registro Nacional del Agua, con mayores exigencias de cumplimiento.
Ajustes tras reacciones del sector productivo
El documento señala que el texto final publicado difiere del proyecto inicial presentado en octubre, luego de reacciones de organizaciones agrícolas y productivas que manifestaron preocupaciones sobre certidumbre jurídica y valor de tierras con concesiones.
En la versión definitiva se mantiene la prioridad del uso doméstico, pero su aplicación queda sujeta a valoraciones técnicas y procedimientos formales. Según el informe, estos cambios fortalecen la gobernanza jurídica del agua, aunque podrían reducir la capacidad de redistribución inmediata ante contingencias como sequías.
En sus conclusiones, el análisis plantea que el principal reto será equilibrar justicia social, viabilidad financiera y resiliencia hídrica, en un contexto de presión creciente sobre el recurso.
LEE TAMBIÉN: Semarnat inicia muestreo en 402 km del Río Sonora a más de 11 años del derrame de Grupo México
