Luego de la COP28, Iniciativa Climática de México (ICM) urge a las candidatas a la presidencia de México que se aseguren de incluir en sus plataformas y planes de gobierno consideraciones en materia de energía que combatan el cambio climático

La Cumbre Climática de Naciones Unidas (COP28) concluyó el 12 de diciembre y, aunque tuvo ciertos logros, las negociaciones finales demostraron la incapacidad de la COP como un mecanismo para reconocer que, para atender adecuadamente la crisis climática, es indispensable la eliminación gradual del uso de todos los combustibles fósiles siguiendo tres etapas: parar de inmediato la proliferación (aumento); alcanzar el pico en el consumo en esta década y llegar a la eliminación total.

“El uso de combustibles fósiles para generar electricidad y para la transportación son la primera causa del calentamiento global en México y en el mundo, por lo que reconocer que debemos limitarlos y dejar de usarlos cuanto antes constituye un posicionamiento elemental de congruencia entre el decir y el hacer. La COP28 evidenció, con mucha claridad, que la acción climática y la política energética fósil no pueden coexistir y México no puede quedarse atrás”, señaló Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM).

En consideración de la necesidad de eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, ICM urge a las candidatas a la presidencia de México a que se aseguren de incluir en sus plataformas y planes de gobierno las medidas pertinentes que, aunque son ambiciosas, sí son factibles.

Para ello, es necesario romper con inercias arraigadas, así como nuevas narrativas, como que el gas natural es un combustible de transición. El gas no puede ser la apuesta para atender la demanda futura de electricidad ya que no es compatible con el cumplimiento de nuestras metas climáticas.

México sigue sin firmar Tratado contra combustibles fósiles

En este sentido, en el marco de la COP28 y como apuntalamiento a la necesidad de eliminar el uso de combustibles fósiles, se presentó el capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Se destaca que Colombia y Nauru se unieron a dicho Tratado durante la COP28 y la necesidad de que México también lo haga a la brevedad.

México tendría que cuadruplicar la capacidad instalada de energías renovables para cumplir con la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) presentada en 2022. Es decir, pasar de alrededor de 14.4 GW de capacidad instalada en 2021 a 57.6 GW.

Además, de acuerdo con el estudio “Emisiones Netas Cero desde la Sociedad Civil 2060“, recientemente publicado por ICM, para cumplir con la ruta más ambiciosa hacia un nivel de cero emisiones, deben cumplirse con una serie de hitos fundamentales en tiempos bien acotados.

En ese tenor, a partir de 2027 ya no se deberán instalar en México nuevas plantas de generación eléctrica fósil. Se deberá sacar progresivamente el carbón de la matriz eléctrica al 2030, con procesos participativos y de inclusión social de las comunidades. También se debe eliminar por completo el uso del combustóleo a más tardar en 2035. Y finalmente, se debe expandir y fortalecer la red eléctrica con urgencia (con financiamiento público-privado).

Países contaminantes ya inician la transición y México aún no

Países emergentes con matrices eléctricas más contaminantes que la que tiene hoy en día México, como Sudáfrica e Indonesia, ya están empezando a poner en marcha esfuerzos para una transición energética justa. Otros países importantes como Brasil, India y Colombia han iniciado pláticas y negociaciones para acceder a estas nuevas fuentes de recursos.

Para un país como México, la reducción de emisiones es conveniente, ya que genera nuevos empleos y le permite acceder a recursos concesionales internacionales etiquetados para la mitigación. Hoy en día generar electricidad con combustóleo y con carbón es más caro que hacerlo con energías renovables. La generación fósil contamina el aire de nuestras ciudades y ocasiona enfermedades y mortalidad prematura entre quienes vivimos en México.

La agenda y la planeación estratégica, así como las decisiones e inversiones en materia de energía y de cambio climático en México, deben ser el resultado de deliberaciones informadas entre especialistas de diversas disciplinas, sociales, económicas, ingenieriles y ambientales entre otras, para trazar una ruta que maximice los beneficios sociales mientras avanzamos por la lucha para salvar al planeta. Estas deliberaciones deben mantenerse al margen de cuestiones ideológicas, pero también de intereses económicos y comerciales que suelen ser diferentes a los que buscan el bienestar de la mayoría.

Por lo anterior, será fundamental reconstruir capacidades de gestión dentro y fuera del gobierno en materia de cambio climático. Además de diseñar los esquemas institucionales que permitan que México se reinserte como jugador titular en el concierto global por impulsar y acelerar la acción climática para no llegar a la frontera del aumento de la temperatura al nivel postindustrial del 1.5 grados.

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