Más de 300 organizaciones, comunidades y personas han solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger los derechos de la comunidad maya de Chapab, Yucatán, tras la instalación de una megagranja de cerdos, informa el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura (CCMSSAC)

Las organizaciones pidieron el freno a la violación de los derechos humanos al medio ambiente, la salud y a la libre determinación como pueblo indígena, ocasionada por la operación de esta granja instalada en su territorio en 2017. La granja, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, sin se instaló sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales.

Aunque en 2021, las organizaciones obtuvieron una suspensión definitiva de la granja dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, el juicio fue desechado por el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán.

Piden consulta indígena

La comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo, también han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja. Debido a que produce más de 48 mil cerdos por ciclo, generando con ello una gran cantidad de residuos que provocan un infinidad de problemas ambientales y sociales.

Sin embargo, las autoridades estatales han negado contar con las facultades para la realización de la consulta, a pesar de que la consulta previa y la participación pública son obligaciones constitucionalmente reconocidas en México.

“Es preocupante la reiteración, en los tribunales del Poder Judicial Federal, de criterios arbitrarios y alejados de los estándares de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, comentan los pobladores quienes temen que su caso sea nuevamente resuelto a favor de la empresa porcícola.

Finalmente señalaron que si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios.

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