“No nos silenciarán”, dicen Greenpeace México y aliados ante demanda SLAPP de Energy Transfer
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos alzaron la voz en solidaridad con Greenpeace EUA. Tras la sentencia que obliga a la organización a pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer. En respuesta, Greenpeace México, junto a ciberactivistas y más de 30 colectivos, denuncian la demanda como un intento de silenciar a quienes defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas
Pablo Ramírez, campañista de Justicia Energética de Greenpeace México, enfatizó: “Esta demanda no solo busca intimidar y quitar los ‘obstáculos’ que se oponen a la operación dañina de la industria fósil, también intenta restar agencia a las comunidades que defienden sus territorios. Pero a pesar de esta indignante sentencia, el movimiento ambiental y climático enraizado en los territorios y en las personas que los defienden seguirá adelante, no nos silenciarán”.
Un litigio sin fundamentos
La disputa legal inició en 2016 cuando Energy Transfer acusó a Greenpeace Inc, Greenpeace Fund y Greenpeace International de instigar las protestas del movimiento indígena Standing Rock contra un oleoducto en territorio sioux. Sin embargo, la compañía no presentó pruebas sólidas que justificaran su reclamo de 300 millones de dólares.
El juicio en Dakota del Norte, concluido el 19 de marzo, estuvo marcado por la falta de imparcialidad y transparencia. Greenpeace denunció la negativa del tribunal a aceptar mociones clave. Además, Energy Transfer solicitó daños ejemplares, una medida punitiva sin relación con los costos reclamados.
SLAPP, una estrategia jurídica para anular la participación pública
En respuesta, Greenpeace International tomará acciones legales en Países Bajos bajo la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea. Las demandas de Energy Transfer representan un caso claro de SLAPP (Litigios Estratégicos contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), utilizados por grandes corporaciones para desgastar a activistas y organizaciones con costos legales exorbitantes.
Este no es un caso aislado. Compañías como Shell, Total y ENI han iniciado litigios similares contra Greenpeace en los últimos años. Sin embargo, algunos de estos intentos fueron frustrados, como la reciente victoria de Greenpeace Francia sobre TotalEnergies y el retiro de la demanda de Shell contra Greenpeace UK en 2024.
El primer intento legal de Energy Transfer se basó en la Ley RICO, diseñada para combatir el crimen organizado, pero fue desestimado por falta de pruebas. Sin embargo, la empresa reabrió el caso bajo legislaciones estatales en Dakota del Norte, intensificando la presión legal contra Greenpeace.
Aumentan casos SLAPP
Según la Coalición contra SLAPP en Europa (CASE), entre 2010 y 2023 se registraron 1,049 demandas SLAPP en el continente, con un preocupante aumento en 2023, cuando se presentaron 166 nuevos casos. Mientras la presión legal contra Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas crece, la solidaridad internacional se fortalece. La lucha contra las demandas SLAPP sigue en pie.
“A pesar del fallo judicial que impone una multa de más de 600 millones de dólares a Greenpeace Internacional, seguimos firmes porque defender el medio ambiente no es un crimen. Esta decisión no solo amenaza la existencia de Greenpeace, sino también el derecho a la protesta pacífica y el activismo en todo el mundo. Pero hoy estamos aquí, alzando la voz para defenderlo”, señaló Greenpeace México durante la denuncia pública afuera del Palacio de Bellas Artes.
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