Obras de la Sedena en Laguna de Bacalar siguen a pesar de presión ciudadana
Un juez suspendió provisionalmente las obras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Laguna de Bacalar, sin embargo, sigue la construcción.Colectivos exigen transparencia y respeto al medio ambiente y a la participación ciudadana
En abril un Juez de Distrito en Quintana Roo concedió la suspensión provisional de las obras de construcción que la Sedena realiza en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Organizaciones civiles y ambientales celebraron la decisión, pero esto determinó nada, pues la obras siguieron su curso.
Los colectivos Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) solicitaron la suspensión mediante un amparo. Greenpeace México también se sumó a una Denuncia Popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con otras organizaciones locales.
Las obras iniciaron en enero de este año, pero no contaron con la aprobación de organizaciones porque no cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Tampoco pasaron por un proceso de consulta pública, como exige la ley. Además, especialistas indican que el proceso de dragado con maquinaria pesada puede provocar daños irreversibles en el ecosistema de la laguna.
Están exentas de presentar MIA: Sedena
Hasta ahora, la Sedena sostiene que está exenta de presentar la MIA. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) argumenta que “se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico”, aunque no ha presentado evidencia técnica que respalde esta afirmación.
El inmueble en cuestión, utilizado como centro de descanso para personal militar con estrés postraumático, fue construido en 1983 y presenta daños estructurales. Según Semarnat, el proyecto tiene como fin incorporar elementos sustentables y mitigar el deterioro, por lo cual se autorizó la exención de la MIA. No obstante, esta decisión es cuestionada por organizaciones que consideran que cualquier intervención en un ecosistema tan frágil debe ser evaluada con rigurosidad.
La audiencia incidental, donde se definirá si se concede la suspensión definitiva. De ser aprobada, detendría por completo las obras hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo.
Mientras tanto, los colectivos y organizaciones mantienen su exigencia de legalidad y transparencia. “Hacemos un llamado a la legalidad y la transparencia por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de la laguna y del medio ambiente”, urgió Greenpeace. También reiteraron su compromiso con la comunidad: “Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Bacalar y con todas las personas que defienden el derecho a un ambiente sano en la región”.
De acuerdo con información de Mongabay Latam, el Ejército insiste en que los alcances de la obra “no generan un desequilibrio ecológico”. Por ello solicitó la exención de realizar estudios de impacto ambiental. Además, recalca que la Profepa realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas ambientales.
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