Saladitas Gamesa bajo escrutinio por aditivo con posible riesgo para la salud
El Poder del Consumidor (EPC) ha encendido las alarmas sobre la composición de las galletas Saladitas Gamesa, luego de identificar la presencia de un aditivo con potencial cancerígeno
A través de su análisis nutrimental, EPC reveló preocupantes cifras de sodio y calorías, así como ingredientes que pueden generar efectos adversos en la salud a largo plazo. Este caso refuerza la discusión sobre la responsabilidad de la industria alimentaria y la transparencia en el etiquetado de productos ultraprocesados a través de sus aditivos.
Datos críticos sobre Saladitas Gamesa y el posible aditivo
Según el análisis realizado, una porción de seis galletas contiene 49 calorías y 184 miligramos de sodio, cifras que aumentan considerablemente al observar su contenido por cada 100 gramos: 409 calorías y 1,529 mg de sodio, superando los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-051.
Debido a estos valores, el producto porta los sellos de advertencia “EXCESO DE CALORÍAS” y “EXCESO DE SODIO”, que buscan alertar a la población sobre riesgos de salud asociados con su consumo frecuente. Sin embargo, a pesar de estas etiquetas, Saladitas Gamesa continúa siendo percibida por muchos consumidores como un alimento ligero e inofensivo.
Los expertos advierten que la presencia cotidiana de estos productos en espacios como escuelas, oficinas y hogares genera una exposición constante a ingredientes de bajo valor nutricional y alto potencial nocivo.
TBHQ: el aditivo en el centro del debate
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la inclusión del TBHQ (terc-butilhidroquinona), un conservador sintético que ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas. En pruebas con animales, se ha vinculado con alteraciones hepáticas, mutaciones celulares, afectaciones reproductivas y desarrollo de tumores, incluso en dosis bajas.
A pesar de que su uso está permitido en diversas regulaciones internacionales, EPC considera que su presencia en Saladitas Gamesa demuestra la necesidad urgente de actualizar los marcos normativos en México, a fin de garantizar mayor seguridad alimentaria.
Este caso plantea interrogantes sobre la ética empresarial en el uso de aditivos cuestionables, especialmente en productos de consumo masivo. La responsabilidad social corporativa debe ir más allá del cumplimiento normativo y enfocarse en el desarrollo de productos seguros.
Etiquetado y percepción pública sobre los aditivos
Aunque los sellos de advertencia buscan brindar información clara, muchos consumidores siguen percibiendo Saladitas Gamesa como una opción saludable. Esta brecha entre la información técnica y la percepción social revela que el etiquetado, si bien necesario, no es suficiente para generar conciencia sobre los riesgos de los ultraprocesados.
Las organizaciones civiles y el sector público tienen el reto de fortalecer la educación alimentaria y exigir a las empresas mayor transparencia en su comunicación. La industria alimentaria, por su parte, debe asumir un rol más activo en la información honesta sobre sus productos.
Impacto en la salud pública
El consumo frecuente de productos como Saladitas Gamesa tiene repercusiones directas en la salud, ya que contribuye a condiciones como hipertensión, obesidad y diabetes tipo 2, enfermedades que afectan a millones de mexicanos.
En niños, el riesgo es aún mayor: el consumo de un solo paquete de Saladitas equivale al 12.6% del límite diario de sodio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto subraya cómo incluso pequeñas porciones pueden representar un riesgo significativo cuando su consumo es recurrente.
Responsabilidad de la industria alimentaria
La comercialización de Saladitas Gamesa ha estado acompañada de estrategias de marketing que promueven la idea de que es un producto práctico y saludable. Sin embargo, la realidad de sus ingredientes y composición obliga a repensar el papel de la industria en la protección del derecho a una alimentación saludable.
El caso de Saladitas Gamesa y el posible aditivo puede ser una oportunidad para fortalecer la confianza del consumidor y promover una industria más ética. La sociedad civil ha elevado la voz sobre estos riesgos, y ahora es el turno de las empresas y reguladores de responder con medidas que realmente beneficien la salud pública.
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