Exige sociedad civil justicia para defensoras del medio ambiente en México
Organizaciones civiles exigen al Estado mexicano garantizar justicia y protección para personas defensoras del medio ambiente, frente a la violencia, impunidad y avance del crimen organizado
En el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, organizaciones civiles alzaron la voz para denunciar la violencia e impunidad que persisten contra quienes protegen los territorios y los recursos naturales en México. A cuatro años de que el Congreso de la Unión reconociera oficialmente esta fecha, colectivos y defensoras comunitarias recordaron que la defensa ambiental sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país.
Desde 2016 hasta hoy, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas, 44 de ellas pertenecientes a pueblos indígenas y una persona afromexicana. Las agresiones incluyen amenazas, desplazamiento forzado, criminalización y desapariciones. Esta violencia se da en un contexto de expansión de megaproyectos extractivos y presencia del crimen organizado, que aprovecha la tala ilegal, el tráfico de especies y el acaparamiento de tierras para imponer control sobre regiones estratégicas.
“Las defensoras ambientales no sólo enfrentan intereses económicos y políticos, también enfrentan la brutalidad del crimen organizado y el abandono institucional. Sin justicia ambiental, no hay futuro”, señalaron las organizaciones que integran el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
La defensa de la tierra y los bienes comunes ha sido fundamental para detener la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad. En muchas comunidades, especialmente indígenas y rurales, quienes defienden el medio ambiente también resguardan formas de vida sostenibles y saberes tradicionales que resultan clave para enfrentar la crisis climática.
Un marco legal que no se aplica
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento señalaron que, si bien el Estado mexicano ha dado pasos importantes en lo legal —como la creación del Mecanismo Federal de Protección y la ratificación del Acuerdo de Escazú—, aún falta voluntad política para implementar medidas eficaces.
El Acuerdo de Escazú, firmado por México en 2020, obliga a garantizar la participación pública, el acceso a la información ambiental y la justicia en estos temas. Su artículo 9 establece que los Estados deben proteger a las personas defensoras del ambiente. Sin embargo, en la práctica, estos compromisos permanecen sin una estrategia nacional articulada.
Además, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) despierta alarmas entre las organizaciones. La ausencia de este órgano debilita el derecho al acceso a información pública ambiental, como datos sobre concesiones, evaluaciones de impacto o permisos otorgados a empresas. Esta falta de transparencia deja a comunidades enteras en estado de vulnerabilidad.
“Consideramos urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas”, afirmaron.
El Espacio OSC llamó al gobierno mexicano a crear un Plan de Acción nacional para aplicar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, con participación activa de pueblos originarios y sociedad civil. También exigió el fortalecimiento del Mecanismo de Protección, el restablecimiento de funciones del INAI y estrategias claras para enfrentar la violencia territorial del crimen organizado.
También, insistieron en la necesidad de campañas públicas que reconozcan el valor del trabajo de defensoras y defensores del medio ambiente, pues su labor representa una esperanza real para el país frente a la emergencia climática y ecológica.
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