La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva a cabo una revisión exhaustiva de más de 560 mil concesiones de agua vigentes en el país, luego de denuncias por sobreexplotación de acuíferos y uso indebido de permisos otorgados a particulares, empresas y autoridades locales. La medida responde a una de las principales demandas sociales frente a la escasez de agua en diversas regiones.
Óscar Zavala, subdirector jurídico de la Conagua, informó que se han detectado anomalías graves, como concesiones agrícolas utilizadas para desarrollos inmobiliarios, permisos domésticos en operaciones industriales e incluso títulos expedidos sin solicitud formal. “Estamos revisando una por una cada concesión, porque solo así se puede determinar si existe una irregularidad o no”, explicó.
De acuerdo con datos oficiales, 163 mil títulos ya no tienen vigencia por falta de renovación, lo que genera un rezago administrativo considerable. Además, se identificaron 52 mil concesiones vinculadas al huachicoleo de agua, en las que el recurso se desviaba para usos no autorizados como campos de golf, balnearios o fraccionamientos.
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¿En qué estados encontró Conagua irregularidades?
Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, donde la Conagua ha clausurado 256 pozos ilegales que abastecían hasta 300 pipas diarias. En total, la dependencia reporta la recuperación de 4 mil millones de metros cúbicos de agua mediante clausuras, devoluciones voluntarias y programas de tecnificación de riego.
Para atender la problemática, la Conagua prepara la emisión de un nuevo Acuerdo de Facilidades Administrativas, que permitirá a los concesionarios regularizar sus títulos con incentivos más claros que en ediciones pasadas. Según la dependencia, esta medida busca apoyar principalmente a productores agrícolas que requieren certeza jurídica para mantener sus actividades.
Zavala advirtió que el proceso es complejo y describió la situación como “un verdadero laberinto legal”. No obstante, subrayó que el objetivo es garantizar que las concesiones de agua se destinen de forma justa y en apego a la ley, evitando que el recurso siga siendo explotado de manera irregular.
