En la intersección del cambio climático, la eficiencia energética y la gestión de recursos hídricos, México enfrenta una encrucijada crítica. El agua, esencial para la vida y la salud pública, es a su vez uno de los mayores consumidores de energía eléctrica en el país. Este consumo se traduce directamente en costos operativos exorbitantes y, por ende, en la capacidad o incapacidad de los organismos operadores para modernizar su infraestructura y garantizar un servicio de calidad.
La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), a través de su directora general, Patricia Hernández, ha puesto en el centro del debate la necesidad urgente de una reforma tarifaria que reconozca el agua como un servicio público esencial, y no meramente industrial, como paso fundamental hacia la creación de un ecosistema hídrico y energético verdaderamente sostenible.
La eficiencia energética, que antes podía considerarse una buena práctica operativa, se ha convertido hoy en día en un requisito indispensable, un must dentro del business core de cualquier organización que aspire a reducir sus emisiones de carbono y optimizar su funcionamiento. Para los organismos operadores de agua potable y saneamiento (OOAPAS), cuya mayoría son entidades públicas, esta necesidad de eficiencia trasciende el mero cumplimiento corporativo; está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la prestación de un servicio básico a la ciudadanía.
Impacto disruptivo de la reforma energética
La crisis actual tiene sus raíces en las modificaciones regulatorias implementadas a partir de la reforma energética de 2018. Históricamente, el bombeo de agua era reconocido como un servicio público vital y se beneficiaba de la Tarifa 6, una clasificación que permitía a los organismos operadores mantener costos energéticos manejables. Sin embargo, la reclasificación a tarifas industriales eliminó este reconocimiento esencial, desatando una cascada de consecuencias negativas sobre la viabilidad financiera y operativa del sector hídrico nacional.
El impacto financiero fue inmediato y devastador. El pago anual por energía eléctrica para el sector hídrico se disparó más del 60%, pasando de un aproximado de 9 mil millones de pesos a más de 15 mil 500 millones de pesos. Esta carga financiera no es trivial; compromete la capacidad de los organismos para realizar sus funciones básicas y, lo que es más grave, para invertir en el futuro. Es importante recordar que estos organismos dan un servicio público cuyas tarifas domésticas están fuertemente subsidiadas, lo que significa que no cubren los costos operativos de producción y distribución del agua.
La desclasificación tarifaria ha provocado un fenómeno de «círculo vicioso» que socava la sostenibilidad a largo plazo. El recurso que antes se destinaba a la modernización de la infraestructura, como la actualización de equipos de bombeo y tableros que han superado su vida útil, ahora se utiliza para liquidar las crecientes facturas de electricidad. Para mitigar los altos consumos, los operadores recurren a paros operativos, lo que se traduce en bombeos intermitentes o plantas de tratamiento que no se ponen en funcionamiento.
Sobre el impacto de esta medida y sus consecuencias operativas, Patricia Hernández detalla el ciclo de deterioro:
«Nosotros teníamos antes de esta reforma energética del 2018 la Tarifa 6, la cual era específica para temas de bombeo, reconociendo obviamente que es un servicio público y que forma parte del cumplimiento del derecho humano al agua. Con las modificaciones de la reforma energética, nos clasifican como tarifas industriales, lo que impacta en más de un 60 % del aumento del pago de energía eléctrica para los organismos operadores, lo que claramente compromete la operación.
Este recurso que antes se destinaba para invertir y para actualizar infraestructura ya no puede utilizarse, pues ahora debe cubrir la energía eléctrica. Esta situación conlleva a que muchas veces no se ponga en funcionamiento una planta de tratamiento o que los bombeos sean intermitentes en lugar de un servicio 24/7. El apagar y prender los equipos de bombeo genera problemas de presión que dañan tuberías y bombas, perpetuando un círculo vicioso: los equipos obsoletos consumen más energía, y la falta de recursos para su reemplazo impide la inversión necesaria para romper el ciclo, aumentando los costos y disminuyendo la calidad del servicio«.
Este ciclo no solo eleva los costos energéticos y operativos, sino que también compromete la continuidad y calidad del servicio, impidiendo alcanzar el ideal de suministro 24/7 para la población.
La propuesta de ANEAS: círculo virtuoso de inversión
Para romper este espiral de ineficiencia y desinversión, ANEAS propone una solución estructural que alivia la presión financiera y, simultáneamente, obliga a la eficiencia, creando un «círculo virtuoso». La propuesta central es la reclasificación de los organismos operadores a una tarifa eléctrica preferencial que reconozca su naturaleza de servicio público esencial, siguiendo modelos existentes para otros sectores vitales.
Se sugiere una estructura tarifaria similar a la Tarifa 9CU y EA, que ya benefician a los sectores agrícola y acuícola con subsidios. Sin embargo, la propuesta viene acompañada de un «doble compromiso» fundamental para la sostenibilidad. Por un lado, el Gobierno otorgaría la reclasificación. Por el otro, los organismos operadores se comprometerían formalmente a reinvertir la totalidad de los ahorros generados directamente en acciones concretas de eficiencia energética.
Estas acciones incluyen la sustitución de bombas obsoletas por equipos de alta eficiencia, la actualización de tableros eléctricos y la modernización general de la infraestructura:
- Mejor Servicio: Operación continua y confiable (agua 24/7).
- Eficiencia Energética: Reducción significativa del consumo de energía por metro cúbico.
- Sostenibilidad Ambiental: Un menor consumo energético se traduce en una reducción directa de las emisiones de carbono.
- Viabilidad Financiera: Equilibrio operativo a largo plazo.
Patricia Hernández subraya la necesidad de esta alianza para garantizar la modernización del sistema:
«Lo que estamos proponiendo es una reclasificación de tarifa; es decir, que puedan reclasificarnos para regresar a una estructura tarifaria similar a la anterior. Creemos que esta parte nos permitiría generar un compromiso desde los organismos operadores para implementar inversiones y actualizar los equipos de bombeo, además de todas las acciones de eficiencia energética que se necesitan.
Claramente, necesitamos actualizar tableros y bombas, ya que muchos equipos ya cumplieron su vida útil y no podemos cambiarlos por falta de recursos. Al no poderlos cambiarlos, están utilizando mucha más energía que los equipos actuales, que son de alta eficiencia. Estamos pensando en una estructura tarifaria ajustada a la operación hidráulica, similar a las tarifas 9CU y EA, que se aplican a los sectores agrícolas y acuícolas, las cuales sí están subsidiadas.
Esto generaría un doble compromiso: el gobierno otorga la reclasificación y nosotros invertimos el recurso liberado en mejores equipos, logrando así un círculo virtuoso que no solo ayuda a pagar menos energía, sino también a tener un mejor servicio y una reducción de emisiones de carbono«.
Conciencia y valoración del agua
El camino hacia la sostenibilidad hídrica y energética no puede ser recorrido únicamente mediante ajustes tarifarios o modernización tecnológica; requiere una profunda transformación en la conciencia social.
Actualmente, el sistema enfrenta ineficiencias dramáticas tanto en el ámbito físico como en el comercial. Se estima que la media nacional de pérdidas de agua en las redes de distribución es del 40%. Esto se debe tanto a tuberías obsoletas como a un problema de índole social: la proliferación de tomas clandestinas.
La ineficiencia comercial es igualmente alarmante. Entre el agua que se produce, la que se factura y la que realmente se paga, existe una brecha considerable. Del total del agua producida, los organismos operadores solo logran recuperar financieramente entre el 20% y el 25% de su costo total. Esta disparidad subraya la desconexión que existe entre el servicio y el ciudadano.
El ciudadano promedio rara vez es consciente de que el consumo de agua implica un alto costo energético en cada etapa: extracción, conducción, potabilización y saneamiento. Existe una disparidad en la valoración de los servicios públicos; mientras que la luz o el internet se pagan puntualmente debido a la inmediatez de su corte, el pago del agua no se prioriza de la misma forma.
Hernández ilustra esta crisis de valoración con una comparación directa sobre los costos reales y percibidos:
«Hay un tema de conciencia social fundamental. Por ejemplo, en el agua, ¿qué pasa cuando no pagas la luz? Al día siguiente te la cortan. Pero cuando no pagas el agua, pasan meses y no hay un corte inmediato, a lo sumo una reducción de presión, lo que nos lleva a no priorizar su pago. El ciudadano promedio no es consciente de que ese consumo de agua implica un alto consumo de energía para su extracción, conducción, potabilización y saneamiento.
Solo vemos el consumo hídrico, sin notar la producción que hay detrás. Se requiere un cambio de paradigma social importante: el momento en que entendamos que la producción de agua va vinculada directamente al costo energético y a las tarifas eléctricas. La gente no valora este servicio. Un ejemplo que lo ilustra es la disparidad en el costo: ¿Cuánto te cuesta una botella de agua en una tienda? 20 o 25 pesos el litro. ¿Y cuánto te cuestan 100 litros en tu casa? 20 pesos. Esto demuestra por qué no la valoramos, no la cuidamos y muchas veces ni siquiera la pagamos, a pesar de que es vital para nuestra salud pública«.
La reflexión se extiende a los hábitos cotidianos. El verdadero cambio comienza cuando la población empieza a cuidar el agua con la misma rigurosidad con la que cuida la luz. El agua es vital y está directamente ligada a la salud pública, lo que debería ser razón suficiente para priorizar su uso responsable y su pago.
El llamado a la colaboración integral
Los desafíos de la eficiencia y la inversión no son exclusivos del sector público de agua; las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en el sector privado enfrentan problemas similares en temas de acceso a financiamiento y capacitación. A pesar de que existen plataformas e información de instancias internacionales para mejorar la eficiencia, los esfuerzos suelen realizarse de manera fragmentada y desarticulada.
La conclusión principal de los expertos en el sector es unánime: la colaboración es la vía urgente para la solución. Se requiere construir un ecosistema sostenible a largo plazo, donde todos los actores—gobierno (garantizando políticas tarifarias justas y viables), industria (proporcionando tecnología eficiente), organismos operadores (cumpliendo con la inversión) y ciudadanos (ejerciendo la responsabilidad hídrica)—generen acciones conjuntas.
El ahorro y la responsabilidad son un círculo completo: al consumir agua de manera descontrolada, se consume energía, se generan emisiones y se contamina. Por ello, las recomendaciones se enfocan en la responsabilidad personal: empezar a valorar el agua como si fuera un recurso escaso, cuidándola al máximo.
En la práctica, esto implica un cambio en las acciones más sencillas, como la duración de la ducha, la manera de lavar los trastes o el cepillado de dientes. Solo a través de este cambio de paradigma social y una política energética coherente con la naturaleza esencial del servicio hídrico se podrá asegurar la cantidad y calidad del agua para las futuras generaciones, impulsando a México hacia una verdadera eficiencia y sostenibilidad en su gestión de recursos.
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