SCJN despenaliza el aborto en Chihuahua y exonera a mujeres procesadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la despenalización del aborto en Chihuahua. A través de un amparo resuelto por la Primera Sala, se mencionó la obligación del Estado mexicano de cuidar el derecho a la salud de las mujeres y las personas gestantes
Los ministros de la SCJN aprobaron la acción de inconstitucionalidad de una serie de artículos que castigaban el aborto. Por lo que se sentenció la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, al igual que el 145 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Esto debido a que vulneran los derechos a la igualdad y la no discriminación, tanto de las mujeres como de las personas que cuentan con la capacidad de gestar.
Del mismo modo se reconoció el derecho de las mujeres de disfrutar el máximo bienestar físico, mental y social. También se contempló el pleno control de su salud y de su cuerpo con una inclusión sexual.
Asimismo, el amparo resuelto por la Primera Sala señaló la obligación del Estado mexicano de brindarle las mejores medidas a las mujeres y a quienes gestan para que cumplan su derecho a la salud
Dentro de la sentencia se argumentó que los preceptos de la penalización son contrarios a al derecho que incluye el acceso universal a todos los servicios en cuanto a la salud sexual y reproductiva se refiere.
Aún no son inconstitucionales los artículos s contrarios al aborto señalados en Chihuahua
A pesar de que la resolución del Congreso estatal no reformó ni derogó tales artículos señalados como inconstitucionales, la sala pidió al Pleno de la Corte que se emitiera la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta va a contar con validez, una vez que se haga la notificación al órgano legislativo local.
Esto al ser de una materia penal, indica que la declaratoria va a traer consigo efectos retroactivos en pro de las mujeres y personas con capacidad para gestar que cuenten con una investigación, proceso o sentencia por el delito de aborto. Esto también aplica para los médicos y profesionales de la salud que hayan interrumpido un embarazo con el respectivo consentimiento.
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