La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó de manera definitiva la autorización del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido como Cuarto Muelle de Cozumel, y ordenó archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El proyecto había sido autorizado de manera condicionada en diciembre de 2021. Sin embargo, en julio de 2025, la ciudadanía de Cozumel interpusieron un recurso de revisión que obligó a la autoridad ambiental a dejar sin efectos ese resolutivo y a realizar una nueva evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
El pasado 26 de febrero de 2026 se confirmó, mediante un oficio, que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) dio cumplimiento pleno a la resolución que le ordenaba dejar insubsistente la autorización previa y volver a analizar el expediente.
Nueva evaluación incluyó elementos omitidos
En esta segunda revisión, la autoridad federal consideró aspectos que, de acuerdo con el propio procedimiento, no habían sido valorados previamente. Entre ellos se incluyó la totalidad de la información contenida en el expediente, las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la existencia del refugio para la protección de la flora y fauna marinas en la costa occidental de la isla de Cozumel.
También se tomó en cuenta la normativa ambiental aplicable en materia de conservación de especies y ecosistemas marinos. Tras este nuevo análisis, la Semarnat determinó negar la autorización del proyecto y cerrar el procedimiento de forma definitiva.
Comunidad y CEMDA destacan precedente
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) calificó la decisión como un hecho histórico en la defensa ambiental del país. Para la organización y parte de la comunidad cozumeleña, el caso representa un precedente relevante en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, al evidenciar que los mecanismos legales de impugnación pueden derivar en la revisión y eventual modificación de decisiones administrativas.
De acuerdo con su posicionamiento, la resolución reafirma la obligación de las autoridades de proteger ecosistemas sensibles, como los arrecifes y la biodiversidad marina de Cozumel, y de evaluar proyectos de gran escala bajo los principios de legalidad, prevención y máxima protección ambiental.
El CEMDA también reconoció la participación de las personas promoventes del recurso y de la comunidad que impulsó la revisión del proyecto, y sostuvo que este caso podría influir en la manera en que se analicen futuras iniciativas costeras y turísticas en el país.
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