Pierde península de Yucatán más de 200 mil hectáreas forestales
La península de Yucatán perdió 285,580 hectáreas de terrenos forestales en los últimos cuatro años, a una tasa anual de pérdida de 0.4 por ciento
Esta tasa anual de pérdida es la más alta en las últimas décadas y contrasta con la media nacional de tan solo 0.1 por ciento, de acuerdo con la Evaluación de la deforestación en la península de Yucatán 2019-2023”.
Dicha evaluación elaborada por el Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal en la península de Yucatán, el SICAMFOR, de los tres estados que conforman la Península, Campeche cuenta con la mayor superficie deforestada en los últimos cuatro años, con una pérdida de 29,281 hectáreas anuales.
La sigue Yucatán con 27,519 hectáreas deforestadas por año; mientras que Quintana Roo perdió 14,595 hectáreas anualmente para el mismo período.
Aún cuando la selva ha padecido procesos de degradación desde hace más de diez décadas, su deterioro se ha acelerado notablemente en los últimos 20 años.
Causas de la deforestación
La pérdida de cobertura forestal en la península de Yucatán se da en zonas donde previamente se instalaron y operan los impulsores de la deforestación: agroindustria, ganadería, expansión inmobiliaria y turismo. Por ejemplo, Hopelchén en Campeche, y Tizimín y Tekax en Yucatán, ocupan los primeros lugares en la producción agroindustrial de soya y otros granos en la península.
O el caso del municipio Benito Juárez en Quintana Roo, más conocido por Cancún, con más de cinco décadas de turistificación y desarrollos inmobiliarios y comerciales. Por otra parte, la construcción del “Tren Maya” y de sus obras complementarias y aledañas se convierten en un nuevo impulsor de la deforestación en la región.
A pesar de que México cuenta con una legislación ambiental robusta y con un diseño y entramado institucional para su acatamiento, la reducción drástica del presupuesto operativo de estas instituciones, el desmantelamiento de sus estructuras orgánicas, y la violación al debido proceso y al marco normativo -en la que han sido parte- durante la construcción de grandes obras limitan la capacidad de estas instituciones para cumplir con sus responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley y derechos humanos vinculados.
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