El trabajo coordinado entre empresas, autoridades y comunidades locales permitió proteger más de 41 mil hectáreas de bosque en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, a través del Programa Carbono Biodiverso, un esquema que combina conservación ambiental, incentivos fiscales y desarrollo comunitario.
Impulsado por el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG), el programa ha logrado sumar a más de 161 propietarios particulares, 10 ejidos y 3 comunidades agrarias, quienes actualmente resguardan 41 mil 261 hectáreas de bosques. Esta cifra representa un crecimiento significativo frente a años anteriores y confirma la consolidación de este modelo de acción climática en el país.
Durante 2025, además, 47 empresas compensaron sus emisiones mediante el Sello Querétaro, un mecanismo estatal que vincula al sector privado con proyectos de conservación. La alta demanda fue tal que en agosto de ese año se agotó el inventario de predios inscritos en el programa.
A diferencia de otros esquemas, el programa no opera bajo la lógica tradicional de créditos de carbono:
“Los certificados de reducción de huella de carbono no son créditos de carbono. Nuestros certificados son el resultado de una política pública y no se apegan a las reglas del mercado […]. Somos un ejemplo muy claro de soluciones basadas en la naturaleza que requiere tejido social y organizativo”, explicó “Pati” Ruiz Corzo, directora general del GESG.
Entre los beneficios que genera destacan la protección de la biodiversidad, la captura de carbono, la reducción de la pobreza rural mediante pagos por servicios ambientales y el impulso a actividades productivas regenerativas.
Incentivos fiscales y participación empresarial
El crecimiento del programa también responde al diseño del Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, desarrollado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
Este mecanismo permite a las empresas reducir hasta 20% de su carga fiscal al destinar recursos a proyectos de compensación. De acuerdo con Ricardo Torres, subsecretario del Medio Ambiente estatal, el esquema garantiza “control, trazabilidad y transparencia de los recursos económicos” que se canalizan hacia las comunidades.
El impuesto estatal aplica a empresas con emisiones directas de CO₂ —alrededor del 8% del total en la entidad— y establece un costo de 5.6 UMA por tonelada emitida.
Desarrollo comunitario y economía local
Más allá de la captura de carbono, el programa ha detonado una red de desarrollo económico en la región. Desde su fundación en 1987, el GESG ha impulsado proyectos de turismo comunitario, producción artesanal y aprovechamiento de recursos naturales.
Actualmente, 62 microempresas forman parte de estas iniciativas, beneficiando directamente a 377 personas. Redes como Ruta del Sabor, Red de Hospedaje y Ruta Artesanal integran fondas, alojamientos y talleres, donde el 90% de los operadores son mujeres.
En paralelo, se han implementado acciones de manejo ambiental como 190 centros de acopio que permiten reciclar hasta 500 toneladas mensuales de materiales, además de infraestructura para captación de agua y tratamiento de residuos.
El impulso a actividades sustentables también incluye el aprovechamiento de plantas aromáticas del semidesierto. En este contexto, se inauguró el Centro de Acopio de Especies Aromáticas Aroma Vivo, que beneficiará a más de 500 personas en la región serrana.
A la par, la educación ambiental se mantiene como uno de los ejes del programa. Cada año, más de 10 mil niños participan en actividades formativas.
“La educación ambiental es columna vertebral para conseguir este cambio transformacional en la sociedad serrana”, afirmó Ruiz Corzo.
Hacia un modelo replicable
Tras más de tres décadas de trabajo, el Grupo Ecológico Sierra Gorda busca ahora consolidar y replicar este esquema en otras áreas naturales protegidas del país.
“Después de casi cuatro décadas de trabajo continuo, el reto es consolidar el modelo participativo de regeneración y replicarlo en otras áreas naturales protegidas, donde se pueda adaptar y se asegure que la conservación siga siendo económicamente viable para quienes viven en el territorio”, finalizó Ruiz Corzo.
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